Castro impuso el pasado 6 de diciembre la medida para enfrentar a los pandilleros, principalmente de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que aterrorizan las barriadas pobres, y desplegó a miles de policías para las operaciones de seguridad.

El "estado de excepción" seguirá rigiendo en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, y se sumarán distritos de otros 73 municipios de Honduras, un país de 10 millones de habitantes, informó la agencia de noticias AFP.

"Diferentes patrullajes se llevan a cabo en diferentes zonas de la capital, todo con el objetivo de salvaguardar y evitar la comisión de faltas y delitos", tuiteó, por su parte, la Policía Nacional de Honduras, al señalar que daba cumplimiento a la ampliación de la medida.

El "estado de excepción" fue aprobado por Castro "en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados" y resolvió "suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República".

La orden faculta a los policías a "detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes".

La presidenta destacó en esa oportunidad que la ofensiva se enfoca sobre todo en combatir los extorsionistas, "una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios", especialmente los transportistas.

En un informe presentado el primer día del año, la Secretaría de Seguridad precisó que Honduras cerró el 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, la más baja en 16 años en uno de los países más violentos del mundo.

El informe, que atribuye la reducción a la implementación de "nuevas estrategias" de seguridad, detalló que 1.371 miembros de pandillas fueron capturados el año pasado, además de 307 bandas criminales desarticuladas dedicadas a la venta de droga, extorsión y otros delitos que inciden en la violencia criminal.