Así lo señala la acusación presentada por el abogado Carlos Margotta a nombre de la institución, que sostiene que el acuerdo "vulnera gravemente los artículos 1° y 25° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho (..) a participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública".

En la denuncia la CCHDH recuerda que este tratado internacional fue suscrito y ratificado por el Estado de Chile, "lo que trae aparejada la obligación de todos los órganos y Poderes del Estado, de respetar y dar debido cumplimiento de sus normas (..) en virtud de lo mandatado por el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vigente".

Soberanía popular

La denuncia detalla que "no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional, y que otro organismo designado -el Comité de Admisibilidad- (..) decida la admisibilidad de las propuestas".

Todo lo anterior, prosigue el documento "convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile".

De este modo, la denuncia de la CChDH termina solicitando al alto comisionado que el texto sea incorporado en el próximo informe que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tendrá que emitir ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

También pide que "remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (…) para que -en uso de sus atribuciones y competencia- la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento establecido".

Proceso constituyente

Chile inició un proceso constituyente luego que una movilización sin precedentes iniciada en octubre de 2019 exigiera reemplazar la Carta Magna impuesta en 1980 durante la dictadura militar dirigida por Augusto Pinochet (1973-1990)

En noviembre de 2019 se anunció un primer acuerdo político para generar una nueva constitución, que incluyó un plebiscito de entrada, finalmente realizado en octubre de 2020 donde una abrumadora mayoría (78,28%) de los chilenos aprobó el reemplazo de la Constitución de Pinochet, y 79% decidió que el órgano que la redactara fuera una Convención Constituyente.

Sin embargo, el 4 de septimbre de 2022, luego de que la Convención presentara un proyecto de nueva Carta Magna, el texto fue rechazao por el 61,89%, sumando apenas un 38,11% de aprobación, lo que abrió un escenario de incertidumbre sobre cómo continuar el proceso encuadrado en el mandato popular.

A mediados de diciembre de 2022, los partidos políticos chilenos comunicaron que habían llegado a un acuerdo sobre un nuevo proceso constituyente, meses después de negociaciones tras el rechazo expresado en septiembre.

Según explicó entonces a través de un comunicado el Senado chileno controlado por la derecha, los firmantes concluyeron crear un órgano que redacte la propuesta formado por miembros electos popularmente y "expertos" designados por el Congreso.

El Consejo Constitucional estará integrado por 50 personas elegidas por votación popular directa, bajo sufragio universal y obligatorio, bajo principio de paridad que discutirá y aprobará la propuesta de texto y se disolverá tras completar la tarea indicada.

Una Comisión Experta conformada por 24 personas académicas, elegidos la mitad por el Parlamento y la otra mitad por el Senado chileno redactará un anteproyecto que sirva de base para el trabajo.

Además, habrá un Comité Técnico de Admisibilidad, de 14 juristas elegidos por el Senado, que revisará las normas aprobadas con el objetivo de determinar la "eventual inadmisibilidad" de las medidas cuando sean contrarias a las bases institucionales.