Este año 2021, el lema de la campaña de la Organización de Naciones Unidas -ONU- es: Igualdad, reducir las desigualdades y promover los derechos humanos; tema que está alineado con la Agenda 2030 y con el enfoque de la ONU de no dejar a nadie atrás. En El Salvador, el presente año ha sido de violaciones considerables a los Derechos Humanos que castigan, como siempre, a los más débiles. Se mantiene una cultura de hostigamiento contra las personas o colectivos que defienden los derechos de las mujeres, de la niñez y adolescencia, de los derechos de la población LGBTIQ+, de las personas en movilidad humana, víctimas del conflicto armado, de aquellos que defienden su derecho a la tierra, al territorio, al medio ambiente, indígenas, trabajadores, trabajadoras despedidos-as y muchos más en zozobra por los acostumbrados despidos al cierre del año, entre otras. Todas estas personas enfrentan cada vez más riesgos. Como institución comprometida con la defensa de los derechos humanos queremos hacer un recuento de algunas de las vulneraciones a estos, que se han producido recientemente en el país. Amenazas y ataques contra quienes defienden derechos humanos Las acciones en contra de las organizaciones sociales y periodistas se han incrementado. Muestra de ello, son los recientes allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR) a siete organizaciones no gubernamentales, señaladas por posibles delitos. Ante estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado y ha pedido al Órgano Ejecutivo que evite investigaciones injustificadas. En relación con la libertad de expresión, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 167 casos de afectaciones a la prensa entre enero y julio del 2021, la mayoría generadas por diferentes instituciones gubernamentales. La APES señaló un aumento de 94 casos de vulneraciones en comparación con el mismo periodo de 2020, cuando se registraron 73 casos. En el caso particular de la labor de las personas defensoras de derechos humanos de la tierra y del medio ambiente, en el mes de noviembre del presente año, fueron capturados tres defensores del agua de la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, quienes enfrentan un proceso judicial después de haber denunciado públicamente que la inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V., extrae agua sin tener los permisos correspondientes; la extracción es para un proyecto urbanístico que, según las y los líderes comunitarios, amenaza con dejar sin agua a unas 22,000 familias de varios cantones y comunidades de la zona. Retroceso democrático en Asamblea Legislativa Apenas unas horas después de instalarse el pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, e inmediatamente nombraron a sus sustitutos sin seguir el proceso correspondiente. En su primer mes de funciones, la Asamblea aprobó leyes que garantizan impunidad con carácter retroactivo de funcionarios actuales ante investigaciones de posibles actos de corrupción; como ejemplo puede citarse la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de Covid-19”. Hay una práctica legislativa que ha roto con el proceso ordinario de formación de ley. Ahora todo se aprueba con dispensa de trámite, sin mayor discusión parlamentaria y sin participación ciudadana. Eso ha sucedido en el caso de la propuesta de Ley de agentes extranjeros, que obliga a las personas y organizaciones que reciben fondos de la cooperación a registrarse como agentes extranjeros, esto se convertiría en el primer paso de una ruta para obstaculizar el financiamiento para las actividades de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que defienden los derechos humanos y contribuyen al desarrollo social de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Amnistía Internacional (AI) ha señalado recientemente que la previsible aprobación de una Ley de agentes extranjeros en El Salvador reforzaría el "hostigamiento y estigmatización" a organizaciones humanitarias y a la prensa. En el “Día Internacional de los Derechos Humanos” 2 Otra práctica de esta Asamblea Legislativa ha sido que las diferentes comisiones de trabajo archivaron varias propuestas de ley, muchas de ellas elaboradas y presentadas con la participación de las organizaciones de sociedad civil. Así, se han enviado al archivo importantes propuestas como la “Ley de identidad de género”, “Ley de protección de personas defensoras de derechos humanos”, “Ley de Reconciliación Nacional”, “Ley del Agua”, entre muchas otras. Lo cual genera una situación de desregulación a temas relevantes para la población, lo cual podría profundizar la gravedad de las condiciones sociales en el país. Personas desaparecidas Por otra parte, la desaparición de personas se ha configurado como una de las principales vulneraciones a los derechos fundamentales sin que hasta la fecha el Estado salvadoreño haya podido dar una respuesta integral. Por el contrario, ha habido declaraciones revictimizantes del más alto funcionario de justicia y seguridad pública, pretendiendo hacer responsables de las desapariciones a las mismas víctima o a sus familiares. El caso de Chalchuapa es paradigmático, y ante el hermetismo oficial en ese caso, válido es preguntarse ¿cuántos sitios similares habrá en el territorio nacional? Cifras de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil (PNC) registran hasta agosto de 2021, 474 víctimas sin ubicar, mientras que en el mismo período de 2020 eran 306. Esto representa un incremento del 35.44% con 168 casos más1 . El derecho de mujeres, niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia Con relación a la violencia contra las mujeres; de acuerdo con el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia (observatoriodelaniñezyadolescencia.org), entre enero y septiembre de 2021 se perpetraron 63 feminicidios, 15 más que en el mismo período del 2020, cuando se registraron 48 casos. Esta diferencia representa, en nueve meses, un alza del 23.80% en los asesinatos por odio contra mujeres. Mientras que la Fiscalía General de la República, de enero a septiembre de 2021, registró 4348 casos de violencia contra las niñas y adolescentes menores de 17 años, alrededor de 16 diarios. En cuanto a niñas y adolescentes desaparecidas y privadas de libertad, registró en el mismo periodo 311 casos. Las cifras de violencia sexual contra niñas y adolescentes son inestimables, pero eso no impide asegurar que son escandalosas, basta con tomar en cuenta la enorme cantidad de embarazos en niñas como una de sus desastrosas manifestaciones. Lo anterior sólo es el recuento de una parte del contexto total del país. Es importante recordar al Estado salvadoreño el cumplimiento de su deber primordial, su razón de ser, el garantizar sin discriminación los derechos humanos de las personas. Ante esta situación, como FESPAD: • Exhortamos a todas las instituciones del Estado a que promuevan escenarios con intervención de la sociedad; fortalecer el diálogo y la participación ciudadana, a reconocer y mantener la independencia de las instituciones cuyo papel es respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. • Que nos preocupa la notoria ausencia pública del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos desde el 1 de mayo del corriente año. No basta con la publicación escrita de algunos pronunciamientos y afirmaciones de estar cumpliendo con su mandato constitucional. Sí reconocemos que los equipos técnicos de la institución están desarrollando su trabajo, pero en el caso particular de su titular no está teniendo el rol que las circunstancias del país y la población lo demandan. • Demandamos que el Estado promueva acciones y propuestas que mejoren las políticas sociales y aumenten las oportunidades de desarrollo humano de las personas, potenciando sus derechos y luchando contra las desigualdades y la exclusión social. • Demandamos al Estado que reconozca y garantice la labor de las personas defensoras de derechos humanos, quienes al apoyar resueltamente los derechos humanos de los demás, están defendiendo sus propios derechos y los de las generaciones futuras. • Demandamos al Estado que tome en serio el mandato imperativo del Artículo 1 de la Constitución de la República que establece que la persona humana debe ser el centro de la actividad del Estado. Finalmente, es preciso que desde las instituciones del Estado se tomen medidas para fomentar la paz, luchar contra la discriminación, por la justicia y por el efectivo respeto a los derechos humanos.

San Salvador, 10 de diciembre de 2021

1. https://www.dw.com/es/el-salvador-busca-a-medio-millar-de-personas-desaparecidas/a-5998298