Camones, quien en teoría estaba en línea para asumir la Jefatura de Estado en que caso de que el Congreso lograra

destituir al presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte, fue sacada este lunes por sus propios colegas con 61 votos a favor de la moción de censura, 47 en contra y cinco abstenciones.

Ahora, los parlamentarios tienen por ley cinco días de plazo para elegir nueva junta directiva, mientras que la censurada enfrentará una investigación del Jurado Especial de Elecciones de Lima (en cuya jurisdicción se cometió la supuesta falta) por presunto mal uso de su investidura.

El escándalo estalló cuando un canal de televisión online relevó unos audios en los que se escucha a Acuña, máximo líder del partido de centroderecha Alianza Para el Progreso (APP) y candidato a gobernador del departamento norteño de La Libertad, dando órdenes a la bancada del partido, Camones incluida. Entre otras cosas, Acuña, a quien en un comienzo se percibió como virtual aliado de Castillo, pedía a sus congresistas aumentar la ofensiva contra el mandatario para borrar esa imagen. En ese contexto, Camones le anticipaba que la salida del presidente podría ser cuestión de dos meses.

"Tiene que haber un comunicado, ver de qué forma se comunica para deslindar. A mí no me insultan, nada, pero (la gente me pregunta): ‘ingeniero, ¿cuándo sale Castillo?’", señalaba en la charla el líder de APP con tono autoritario.

Acuña, además, le exigía a Camones que el Congreso apruebe a la brevedad la creación de un nuevo distrito en La Libertad, porque “eso me favorece” electoralmente. "Lo que interesa es ganar la gobernación, porque, si no, chao APP", advirtió entonces.

Tras la divulgación de los audios, el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, exigió que el Congreso y la Fiscalía muestren hacia los involucrados al menos una parte de la rigurosidad con que tratan a Castillo y el Gobierno.

Camones, quien describió a la conversación con Acuña como una simple tarea de coordinación política, sin delitos o faltas de por medio, dijo que no renunciaría a la presidencia, por lo que bancadas de izquierda, centro y centroderecha recurrieron a una moción de censura cuyo debate apenas necesitó 35 minutos. Para analistas, el escándalo puede ser además un gran golpe político para Acuña, un empresario millonario que ha hecho de APP una importante fuerza electoral, gracias, en gran parte, al uso de grandes sumas de dinero en las campañas.

Según las encuestas, el dirigente de 70 años, que tiene su fortín político y empresarial en La Libertad y su capital, Trujillo, afronta problemas para ganar la gobernación, que ya ocupó en una oportunidad y con la que esperaba relanzarse tras los pobres resultados de su candidatura presidencial en 2021.

Para completar el mal momento del además exalcalde de Trujillo y excongresista, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias derivado de los audios.

APP, que tiene la tercera mayor bancada del Congreso, se ha negado a acompañar los intentos de destitución de Castillo lanzados desde el Congreso por tres partidos de derecha "dura", lo que algunos analistas definían como una alianza no declarada entre dos líderes que por coincidencia nacieron en la misma zona rural del departamento de Cajamarca.

Camones, una abogada de 47 años con escasos antecedentes en política, había llegado a la presidencia del Congreso en julio por una alianza formada fundamentalmente por APP y el partido fujimorista Fuerza Popular (FP).

Para comentaristas, Camones se limitaba en la práctica a seguir las instrucciones de la primera vicepresidenta, Martha Moyano, radical y experimentada representante de FP. En ese marco, el periodista César Hildebrandt la describió como una “geisha cara” del fujimorismo.

De hecho, fue el partido fujimorista, que tiene la mayor bancada, el que asumió la defensa de la ahora expresidenta del Congreso durante el breve debate de la censura. Los portavoces de ese sector apuntaron más bien contra quienes filtraron el audio, hecho del que APP culpa a la congresista Heidi Juárez, a la que expulsó de sus filas.

Según las encuestas, el Congreso tiene una aprobación popular que apenas alcanza a 8%. Una medición del Instituto de Estudios Peruanos indicó que quienes confían “mucho” en el Legislativo no van más allá de 1%, cifra inédita en Perú, donde siempre ha habido insatisfacción con el Legislativo. Al Congreso, además de numerosos escándalos por posiciones de sus miembros, se le reprocha también que es monotemático en la búsqueda de la caída de Castillo, cuyos guarismos de aceptación popular, aunque pobres, casi cuadriplican a los de los legisladores.

Mientras grandes sectores de la población piden, según los sondeos, elecciones generales anticipadas, la apuesta explícita de los congresistas de oposición es por continuar en sus cargos con un nuevo mandatario.

En ese marco, el Congreso iniciará este martes, sin aparentes posibilidades de que prosperen, el análisis de dos proyectos de ley para anticipar a la brevedad posible las elecciones previstas para 2026, presentados por una parlamentaria de derecha, Digna Calle, y una de centro, Susel Paredes.

El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, de FP, quien era reacio a debatir el tema, aceptó iniciar el trámite por pedido de la jefa de su partido, Keiko Fujimori, quien se dice favorable al anticipo de los comicios tanto para presidente como para congresistas.

No obstante, las posiciones de las bancadas apuntan a que los congresistas difícilmente aprobarán su propia salida anticipada, lo que cierra las puertas a esa posible solución para la crisis política que afronta el país desde que Castillo asumió el cargo el año pasado rodeado de la férrea oposición de FP, Renovación Popular y Avanza País.

Portavoces de la llamada derecha “dura” han advertido que no solo persistirán en la búsqueda de la destitución de Castillo, sino que también actuarán contra Boluarte, por lo que la jefatura de Estado iría para quien en ese momento esté al frente del Legislativo unicameral.