Un total de 7.543 niños y niñas de Comunidades s Wichí menores de cinco años se encuentran en estado de riesgo nutricional y, en los territorios de emergencia en Salta, fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros seis meses de 2021, otros 64. Estos datos fueron incorporados en un amparo presentado por dos asociaciones civiles contra el Estado provincial por incumplir la Ley de Salud Intercultural.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comunidad Indígena Comisión Directiva Wichí Misión La Loma presentaron un amparo, con el objetivo de que el Estado de Salta cumpla con la Ley provincial de Salud Intercultural N° 7.856, entendiendo que resulta “fundamental para garantizar la vida y la salud de Niñas y Niños Originarios”.

El recurso de amparo, que ingresó al Tribunal de Impugnación, Sala 3 Vocalía 2, deberá ser resuelto por su titular, Eduardo Barrionuevo, a quien le fue pedida la designación de facilitadores interculturales y la habilitación de albergues de tránsito para pacientes Originarios en cada Centro de Salud de San Martín, Rivadavia y Orán, los tres departamentos en los que se encuentra declarada la emergencia sanitaria.

En la demanda también se incorporó la información oficial que surgió del amparo presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), en la cual se resaltó, a través de los informes del Ministerio de Salud salteño, la emergencia sociosanitaria que se vive en los tres departamentos.

En ese sentido, marcaron que el problema “se fundamenta en un contexto de discriminación estructural que sufren las comunidades en el acceso a la salud. El sistema sanitario salteño presenta barreras culturales que conllevan a prejuicios en la atención a las comunidades, dificultando la prevención, la capacidad de brindar consentimiento informado e inclusive presentando obstáculos en las situaciones más críticas de riesgo de vida”.

“Es necesario que el Poder Judicial salteño conceda este amparo para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley y así tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes de las comunidades originarias”, finalizó el comunicado de ACIJ.