Aunque los casos de gran corrupción no son nuevos para Centroamérica el fenómeno ha alcanzado mayores niveles de complejidad en los últimos años. La región, al igual que otras zonas del mundo, enfrenta a redes de actores -dentro de las instituciones públicas y en el ámbito privado- que interactúan o forman grupos criminales para el control de los Estados.

Para comprender este fenómeno de gran complejidad, se invitó como expositor de la quinta sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica al filósofo e investigador en crimen organizado, Eduardo Salcedo-Albarán.

El especialista colombiano es un analista de los grupos macro-criminales, dirige la organización SciVortex/Fundación Vortex y ha publicado estudios como: Macro-criminalidad: Complejidad y resiliencia de las redes criminales (Salcedo-Albarán y Garay:2016) o  Redes ilícitas y reconfiguración de Estados (Salcedo-Albarán y Garay:2012).

Salcedo explicó cómo, más allá del estudio de casos de gran corrupción, para entender el fenómeno de la cooptación hay que pensar en una red de conexiones: “Son actores en el sector público, privado e intermediarios que actúan de forma coordinada para defender intereses particulares a costa del bien común y vulnerando derechos”, dijo el especialista.

Salcedo citó como ejemplo el análisis realizado desde la SciVortex respecto a la Familia Michoacana, un grupo mexicano que surgió originalmente como autodefensa para enfrentar al cártel de Los Zetas pero que mutó hacia un grupo criminal. En un primer momento las autoridades identificaron a una decena de integrantes, pero la información judicial analizada mostró interacciones con cientos de personas dentro y fuera del Estado.

Para el análisis de grandes estructuras criminales, Salcedo presentó a las y los periodistas del CAP una metodología que consiste en la recolección de información de fuentes no estructuradas y fragmentadas a través de la cual se centraliza y clasifica la información, para luego modelar los datos e identificar patrones.

En los estudios de gran criminalidad que han realizado desde su organización se han identificado, por ejemplo, alrededor de 800 nodos/agentes y 900 interacciones en el caso de la Familia Michoacana (México:2010); 1,100 nodos/agentes y 1,200 interacciones en las Redes narco-paramilitares en Colombia; 1,399 nodos/agentes y 3,758 interacciones en el caso Lava Jato entre Brasil y Perú (parte del caso Odebrecht  en 2018), hasta una súper red de corrupción en Venezuela (2020) con 5,500 nodos/agentes y alrededor de 17,400 interacciones.

Estos modelos de redes se pueden consultar en la herramienta Vorisoma de SciVortex.

“El concepto de captura del Estado surgió en los años 90 para explicar el proceso mediante el cual -usando sobornos y agentes legales- (grupos privados) se aseguraron el control de instancias del Estado y ganancias económicas durante las privatizaciones en Europa del Este”, señaló Salcedo.

La toma de instituciones y sectores enteros de la economía de un país por parte de redes con conexiones en los sectores privados y el ámbito público es un fenómeno que también se ha experimentado en Latinoamérica.

En algunos casos esta “instrumentalización masiva de las instituciones públicas, de los partidos políticos, de procesos electorales, de procesos de elección de cortes” llega a una complejidad donde no solo se busca la captura del Estado para su uso privado, sino que se busca reconfigurarlo para obtener impunidad a largo plazo, explicó.

“Cuando se llega a un nivel de complicidad y de coordinación en el que ya no podemos hablar únicamente de agente capturado y agente capturador, sino de agentes que se coordinan, en ambos sentidos, de adentro hacia afuera del Estado y viceversa, en ese momento lo que tenemos es una situación de cooptación”, señaló el especialista.

Este fenómeno se ha detectado en países como Colombia, México y Guatemala, entre otros. “Una situación de cooptación orientada a poner al servicio de intereses o criminales o parciales o egoístas las instituciones del Estado”, destacó Salcedo.

Otro aspecto abordado por el especialista es que en este proceso no sólo participan grupos criminales tradicionales, como los dedicados al narcotráfico o los presentes en casos de corrupción como funcionarios públicos y contratistas privados, sino también intermediarios como abogados, contadores, banqueros y otros tipos de profesionales.

En última instancia, aseguró Salcedo, los efectos que estas redes tienen para los Estados incluyen la afectación de derechos a la salud, a la alimentación o a la seguridad. Así como un deterioro de las democracias al ponerlas al servicio de intereses egoístas.