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PUEBLOS ORIGINARIOS

14 de marzo de 2023

Chaco: un joven wichí desaparecido y brutal represión contra la comunidad indígena

ARGENTINA:
Los pobladores de Misión Nueva Pompeya, en El Impenetrable, se movilizaban por la aparición de Salustiano Giménez, de 17 años, desaparecido desde hace casi un mes. También reclamaban la liberación de wichís detenidos de forma arbitraria. La respuesta del gobierno chaqueño fue: balas, heridos, más detenciones y violencia institucional.

Por Vanina Lombardi y Alcira Trinelli

Salustiano Giménez, un joven wichí de 17 años de Misión Nueva Pompeya (en El Impenetrable chaqueño), está desaparecido desde el 12 de febrero. Su comunidad está movilizada desde entonces y, desde hace 20 días, reclama su aparición mediante cortes de ruta y movilizaciones. El domingo pasado, el gobierno de Chaco ejecutó una feroz represión, que duró cinco horas y dejó una veintena de detenidos y más de 40 heridos, entre policías y manifestantes (uno de ellos con bala de plomo).

Misión Nueva Pompeya pertenece al departamento de General Güemes, a 430 kilómetros al noroeste de la capital provincial. Allí viven unas 10.000 personas, en su mayoría del Pueblo Wichí.

Desaparecer en democracia

Salustiano Giménez fue visto por última vez llevando una yegua y un potrillo que pertenecían a un criollo, que —según testigos— lo habría seguido “con una escopeta y un lazo”. Hay un sospechoso detenido, pero el caso sigue sin esclarecerse y se desconoce el paradero de Salustiano.

La familia de Giménez hizo la denuncia dos días después de su desaparición. La lentitud y falta de respuesta generaron las primeras manifestaciones, con cortes de ruta que cerraron el acceso al pueblo; lo que provocó el desabastecimiento de mercaderías y, principalmente, de combustible (para proveer de energía eléctrica a la localidad se utiliza un motor que funciona a gasoil).

Recién 18 días después de la desaparición se le asignó a la comunidad una abogada querellante, Carolina Aquino. El jueves pasado, tras reunirse con la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Gloria Zalazar, y con la Secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez, lograron llegar a un acuerdo: “Se les dijo que iba a venir el equipo de búsqueda nacional y, lo más importante, que el sábado se iba a reanudar la búsqueda de Salustiano”, puntualizó Aquino.

Sin embargo, el equipo de búsqueda nacional no llegó. En su reemplazo, la búsqueda fue retomada con la brigada provincial. “Los líderes y algunos jóvenes de la comunidad acompañaron al equipo a continuar con el rastreo, pero en medio del procedimiento se genera un desentendimiento entre autoridades y pobladores, puesto que uno de los perros indicaba rastros del joven en la bajada de un río, pero la policía no quiso continuar, alegando que la alarma podría deberse al olor de las algas”, relató Aquino.

Ante el desamparo y la desesperación, la comunidad se movilizó hacia la Comisaría de Nueva Pompeya, donde estaba detenido el sospechoso implicado en el caso, para reclamarle que le diera información sobre lo ocurrido. Allí comenzaron los disturbios.

“Queremos que los funcionarios nos escuchen, el gobernador Jorge Capitanich mandó a la Gendarmería, que debería haber sido para buscar a Salustiano pero terminó reprimiendo”, cuestionó Faustino Yayis, que pertenece a la comunidad Wichí de Nueva Pompeya y es dirigente social del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD).

Las imágenes muestran decenas de heridos, balazos en piernas y espaldas, y cuerpos ensangrentados.

Cinco horas de represión

Las versiones sobre cómo se iniciaron los incidentes son diversas. Una de ellas alude a una confusión, entre otras cosas porque el detenido había sido trasladado a la comisaría de El Pintado.

“Todo es confuso, la comunidad comprendió que Salustiano estaba muerto y que habían liberado al detenido. Acá el 80 por ciento habla wichí y el 20 por ciento español. Entonces, ellos interpretaron eso y del otro lado no entienden por qué la comunidad actuó como lo hizo”, comentó Mónica Caballero, que pertenece a la comunidad Qom y es miembro por la sociedad civil en el Comité de la Prevención Contra la Tortura.

Otra versión se refiere a la detención previa de menores que estaban manifestando pacíficamente, seguida de la del presidente de la Asociación Comunitaria, Mario Ledesma, que había ido a consultar por ellos. “Creo que lo detienen para apaciguar la situación pero la reacción fue peor”, consideró Jorge Gómez, vocal del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach).

Gómez recordó que la policía empezó a disparar a las 10 de la mañana y continuaron hasta las tres de la tarde: “La policía no avanzaba y los hermanos no retrocedían, estuvieron firmes resistiendo porque creemos que la lucha que llevamos adelante es justa: pedimos la aparición del hermano, que se lo busque y se lo encuentre”.

Otro motivo que potenció el malestar en la comunidad fueron algunos rumores de que Ledesma —que además de ser el Presidente General de la Comunidad wichí es presidente de otras siete asociaciones indígenas, de las 20.000 hectáreas que ocupan bajo el título de propiedad comunitaria-— estaba muerto o había recibido amenazas de aparecer ahorcado.

Ante esa situación, Aquino interpuso un recurso de Habeas Corpus ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco con el objetivo de que, a través de una videollamada, exhibieran el estado en que se encontraban todos los detenidos.

La abogada afirmó que el domingo por la tarde pudieron constatar que había detenidos que estaban lastimados y, al mismo tiempo, le fue un alivio saber que no había muertos (como se temía en ese momento).

Racismo y dolor

Uno de los detenidos se encuentra en estado delicado. “Se trata de Julio Bertana, de 36 años, quien habría recibido patadas en la cara por parte de la policía, en la comisaría, y se encuentra detenido en Fuerte Esperanza, localidad cercana a Pompeya”, puntualizó Yayis.

“Desde distintas organizaciones sociales y sindicales, repudiamos el accionar de la policía y la represión. Hablan de una guerra civil pero los hermanos no tenían armas, el Pueblo Wichí es un pueblo muy pacífico”, afirmó Caballero, que también es Secretario Provincial de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma. Y subrayó: “La sociedad civil tiene que reflexionar y saber que en Argentina los pueblos originarios somos preexistentes a la Constitución, lo dice en el artículo 35, inciso 17. Pero el racismo aflora y no quieren reconocer que Chaco tiene más del 50 por ciento de comunidades y pueblos originarios”.

El gobernador, Jorge Capitanich, afirmó ayer lunes que propiciará una comisión de investigación especial en la Cámara de Diputados de la provincia para tratar de esclarecer los hechos. Hoy martes por la mañana fueron liberados los 21 detenidos.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Salustiano —ahora con un "operativo nacional" que incluye las brigadas especiales de Salta, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, junto a escuadrones de Bomberos Voluntarios y de la Policía del Chaco— y se mantienen los pedidos de justicia. “Tenemos un dolor que nos parte porque, al sentarnos a la mesa, vemos un plato del que nadie va a comer”, lamentó Faustino Yayis.

 

Ver nota completa en: Chaco: un joven wichí desaparecido y brutal represión contra la comunidad indígena - Agencia de Noticias Tierra Viva (agenciatierraviva.com.ar)

 



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