Por: Gonzalo Ruiz Tovar

González, que duró dos semanas como ministro, reaccionó con dureza a la destitución, la que atribuyó a un intento de Castillo por obstaculizar a la justicia mediante el impedimento de captura de prófugos, y le pidió a la población, por ahora sin éxito, que salga a las calles para exigir la renuncia del presidente.

El abogado del mandatario, Benji Espinoza, abrió, en tanto, la posibilidad de denunciar por difamación al extitular de Interior, con lo que crece un nuevo capítulo de la novela de disputas que rodea al Gobierno desde que entró en funciones hace 11 meses y tres semanas.

“No hay obstrucción a la justicia. El estatuto penal vigente establece que comete obstrucción quien recurre a la fuerza física, la amenaza o la promesa de un beneficio con el propósito de impedir que se brinde un testimonio o se presenten pruebas”, argumentó Espinoza en una entrevista de radio.

El exministro, que recibe amplia cobertura mediática de quienes apoyan la salida de Castillo, se mantiene en su postura y este viernes se presentará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en donde se descuenta que encontrará aliados para su idea de que el Gobierno aborte ya.

El presidente reemplazó el martes a González por Willy Huerta, su séptimo ministro de Interior. La falta de explicaciones sobre la medida impulsó especulaciones, apoyadas por el destituido, en el sentido de que el mandatario teme que se capture a tres prófugos básicos en su caso: Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez.

Silva y Pacheco, exministro de Transportes y exsecretario general de la Presidencia, respectivamente, son acusados de recibir sobornos a cambio de adjudicar la entrega de una obra, en una operación en la que presuntamente actuó como intermediario Vásquez, sobrino de Castillo.

Los tres acusados están en paradero desconocido desde hace varias semanas y los adversarios de Castillo especulan, sin pruebas, con que el presidente los protege para evitar que lo incluyan en el entramado. González, según esos comentarios, estaba bien encaminado para la captura.

Para González, esa es la razón de su salida. El exministro descalificó al mandatario y a su gabinete ministerial y pidió que las calles se pronuncien para forzar que un Gobierno interino a cargo de la vicepresidenta, Dina Boluarte, dirija un nuevo proceso electoral.

“El ministro que no trabaja se tiene que ir. Hoy estamos en ese escenario. Cuando (los funcionarios) tengan que decir algo, no esperen a salir de la gestión para decir los errores. Díganlo adentro, porque lo que se diga después no tiene sentido”, respondió durante un acto público Castillo, quien, empero, no profundizó en las razones del relevo.

El recrudecimiento del escándalo a partir de las afirmaciones de González se dio en momentos en que, según admiten medios de prensa, la credibilidad del principal acusador de Castillo, Zamir Villaverde, está en picada porque no aporta pruebas.

Villaverde, un expresidiario condenado años atrás por un asalto y quien después se convirtió en empresario de la seguridad y del lobbismo, acusa al presidente de haber recibido dinero, vía Silva y Pacheco, a cambio de entregarle a un consorcio representado por él la construcción de un puente sobre un río en la selva.

Cintas de audio entregadas por el ahora testigo protegido apuntan a que en efecto le dio dinero a Silva el año pasado cuando éste aún no asumía el Ministerio de Transporte, pero sin que esté registrado que parte de ese pago -el equivalente a unos 13.000 dólares-, haya ido al entonces presidente electo.

Entrevistado por un programa de televisión sobre si en verdad le dio dinero a Castillo, Villaverde, a quien portavoces del oficialismo califican con ironía como “el nuevo héroe de la derecha”, respondió: “Digamos que no tanto, fue a través de terceras personas, porque si no estaría diciendo algo que no es real”.

Según el diario La República, esas imprecisiones quitan fuerza a los señalamientos contra Castillo, además de que Villaverde ha caído en contracciones, como afirmar que el proceso de entrega de la obra fue legal, a lo que se añade que solo ha reconocido “errores” de su parte, cuando para ser considerado colaborador de la justicia se requiere la admisión explícita de culpas.

No obstante, el caso es la matriz de una acusación constitucional ya aprobada por el Congreso contra Castillo, aunque se le han añadido otros supuestos episodios, como la presión presidencial ante mandos militares para lograr ascensos de determinados oficiales.

La acusación constitucional es una de las herramientas que maneja la oposición de derecha para lograr que el presidente deje el cargo mucho antes de 2026, cuando termina su período. La otra es lograr 87 votos (de 130) en el Congreso para destituirlo por “incapacidad moral”, pero eso al parecer aún no es viable por la correlación de fuerzas.

En ese marco, en estos días entraron en marcha procesos de grupos civiles, uno de ellos encabezado por el expresidente Francisco Sagasti, para que mediante una iniciativa popular sustentada en firmas se fuerce la realización de elecciones generales anticipadas en 2023.

En medio de las acusaciones de presunta corrupción, ineptitud y falta de liderazgo, el Gobierno de Castillo es rechazado por más de 70 % de los ciudadanos según las encuestas, pero el Congreso, que tiene como motor a tres partidos de derecha “dura” que se han dedicado a atacar al Ejecutivo, tiene cifras aún más negativas.

Para analistas, ese rechazo a congresistas que además quieren sacar a Castillo pero siguiendo ellos en funciones hasta 2026, explica en parte que las iniciativas de destitución presidencial no hayan recibido apoyo de la movilización popular.

Castillo cumplirá la próxima semana un año de un gobierno que ha transcurrido en medio de denuncias y de un choque de trenes sin tregua entre Ejecutivo y Legislativo.